¿Debe el Estado decidir qué cultura merece ser preservada, financiada y puesta al alcance de todos? La pregunta no es sencilla, para empezar, no sabemos qué es, exactamente, aquello a lo que referimos con el termino «cultura». Un cuadro, una biblioteca o un yacimiento arqueológico pueden parecer ejemplos evidentes, pero la frontera entre patrimonio, arte, entretenimiento e incluso simple moda es mucho muy difusa. Y si ya resulta difícil determinar qué merece ser considerado un bien cultural, aún más complejo es decidir quién debe financiarlo y con qué criterios. Entre la defensa de la cultura como fuente de identidad, conocimiento y cohesión social y el riesgo de convertir la intervención pública en una fuente de ineficiencias, privilegios o decisiones arbitrarias se encuentra el verdadero debate: ¿Qué cultura queremos proteger y hasta dónde debe llegar el Estado para hacerlo?

Parece que hay un resurgimiento de la política industrial. Iniciativas como el CHIPS and Science Act en Estados Unidos; la estrategia tecnológica de China, que va anunciando en sus planes quinquenales y las subvenciones más o menos encubiertas de la Comisión Europea a distintas industrias (como el reciente fondo Scaleup), han reabierto un debate que parecía clausurado desde los años noventa.

Sin embargo este interés general no se traduce en iguales resultados para todos. Basta con ver el éxito de los países del Este Asiático en comparación a los flojos resultados, mucho más ambiguos, de América Latina.

Entonces, ¿Qué es lo que diferencia a una buena y una mala política industrial?